El procesado habría arrasado con más de 80 hectáreas de bosque en la Amazonía colombiana. Esta persona y otras cuatro se han presentado en los últimos días, luego de ser incluidas en el cartel de ‘los más buscados por deforestación’.
Adicionalmente, la Fiscalía obtuvo medidas de protección para los Parques Nacionales Naturales Los Picachos y Tinigua.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, realizó la primera imputación por el delito de deforestación, una de las nuevas conductas punibles incluidas en la Ley 2111 de julio de 2021.

El procesado es Marco Aurelio Quiroga Tovar, quien habría arrasado con 83 hectáreas de bosque en el predio Bellavista, ubicado en el Parque Nacional Natural (PNN) Serranía Los Picachos, entre San Vicente del Caguán (Caquetá) y La Uribe (Meta). Los sistemas de monitoreo indican que ocho de las hectáreas afectadas por esta persona fueron deforestadas durante los primeros días de 2022, después de la sanción de la nueva norma ambiental.
Quiroga Tovar, al parecer, acabó con la vegetación en esta área de especial protección para ampliar la frontera agrícola y preparar el terreno para la cría de ganado. El más reciente Registro Único de Vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis bovina indica que, para finales de 2021, tenía en la zona 178 reses en pie.
Además del cargo de deforestación, la Fiscalía imputó al procesado los delitos de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, invasión de área de especial importancia ecológica, e incendio. La Fiscalía había obtenido orden de captura contra este hombre y, hace ocho días, fue incluido en el cartel de ‘los más buscados por deforestación’, el cual fue publicado por el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Ambiente.
En ese sentido, Marco Aurelio Quiroga Tovar se presentó para atender el requerimiento judicial. Lo mismo ocurrió con otras cuatro personas, quienes también figuraban en el cartel, y fueron presentadas hace pocas horas ante jueces de control de garantías. Los demás judicializados son:
Lisandro Suárez Atehortúa, quien habría acabado con 235 hectáreas de bosque en un terreno conocido como Nápoles, localizado en el Parque Nacional Natural Tinigua, en inmediaciones de La Macarena y La Uribe (Meta).
Audelo Granado Tovar, presunto responsable de la destrucción de 61 hectáreas para la cría de ganado, en el predio El Recreo, en el PNN Tinigua.
Duivier Rodríguez Hernández, señalado de deforestar 59 hectáreas en el predio El Paraíso, en la Serranía Los Picachos. Para el segundo ciclo de vacunación de 2021, esta hombre reportó la tenencia de 268 cabezas de ganado en ese bien.
William Parada Gutiérrez, supuesto auspiciador de la deforestación de 52 hectáreas de bosque en el predio La Cabaña, ubicado en Tinigua.
A estas personas, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputó los delitos de: ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, invasión de área de especial importancia ecológica, e incendio.
Medidas de protección
Por solicitud de la Fiscalía, los jueces de control de garantías que conocieron estos cinco casos accedieron a imponer distintas medidas de protección en favor de los áreas afectadas, como: prohibición a los procesados para ingresar a los Parques Nacionales Naturales en los que deforestaron, orden de retirar el ganado en tres meses, y cancelación de los Registros Sanitarios Pecuarios.
JARG/DJR/DEVDH/MCRC.
La Fiscalía habla con resultados
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
Fuente: Fiscalía General de la Nación